Redacción | Pulso Empresarial
Desde el 17 de diciembre de 2025, Bolivia empezó a vivir uno de los cambios económicos más fuertes de los últimos años. Para quienes sienten que las medidas llegaron todas juntas y no se entienden del todo, el economista Augusto Terrazas Canedo hizo algo clave: bajarlas a tierra y explicarlas sin tecnicismos innecesarios.
El corazón del ajuste es la eliminación de la subvención a los combustibles, una decisión dura pero necesaria, según el economista Augusto Terrazas, para frenar el excesivo gasto público y el déficit fiscal que venían presionando al Estado y al dólar. Con el nuevo decreto, la gasolina especial pasa a 6,96 Bs, el diésel a 9,80 Bs y la gasolina premium a 11 Bs.
Pero el paquete no se queda solo en el alza de precios. Viene acompañado de un conjunto amplio de medidas pensadas para reactivar la inversión, aliviar la carga tributaria y empujar la formalización.
Incentivos para invertir, producir y formalizarse
Entre los puntos más destacados que resume Terrazas, están la estabilidad tributaria para nuevas inversiones, la repatriación de capitales con tasa impositiva 0%, y la regularización de deudas tributarias sin multas ni intereses hasta octubre de 2025.
Uno de los cambios más celebrados por profesionales independientes es la posibilidad de descargar el 100% de las facturas para el IVA, con un incentivo adicional para productos hechos en Bolivia. Si el consumo es nacional, el descargo puede llegar hasta el 33%, una señal clara para fomentar producción y consumo interno.
A esto se suma la eliminación total de aranceles para repuestos de vehículos, maquinaria agrícola y transporte, además del diferimiento de pagos arancelarios hasta en 36 cuotas, lo que reduce el golpe inicial para quienes importan insumos.
Empleo, salarios y disciplina fiscal
En el frente laboral, el salario mínimo se fija en 3.300 bolivianos, dejando abierta la libre negociación por encima de ese piso. Además, las empresas que contraten personal hasta marzo de 2026 podrán descargar el costo laboral en el IVA, una medida pensada para facilitar nuevas contrataciones.
Del lado del gasto público, Terrazas destaca señales de austeridad inéditas como el congelamiento de la masa salarial del sector público en 2026 y prohibición total del financiamiento del Banco Central a las empresas públicas, una medida clave para frenar el gasto estructural.
Según su análisis, todo este combo apunta a un objetivo mayor, que es reducir la presión del Estado sobre la demanda de dólares, estabilizar el tipo de cambio y corregir una economía que, durante años, vivió sostenida por gasto público y endeudamiento. Para Terrazas, el dólar debería tender a estabilizarse una vez pase el pánico inicial.
El otro lado del ajuste: la advertencia social
Pero no todo es orden fiscal y buenas intenciones. Aquí entra la mirada crítica del economista Gonzalo Chávez, quien pone el foco en el impacto real del ajuste sobre la población informal, que en Bolivia representa cerca del 80% de la fuerza laboral.
Chávez advierte que, aunque muchas medidas benefician al sector productivo y formal, el alza del diésel tiene un efecto transversal porque sube el transporte, suben los alimentos y sube el costo de vida, especialmente para quienes no tienen salario fijo ni acceso pleno a bonos o descargos tributarios.
El riesgo mayor, señala Chávez, es que este shock de precios se transforme en inflación persistente. Si eso ocurre, el Gobierno podría verse obligado a subir tasas de interés, encareciendo el crédito, enfriando la inversión y profundizando una economía ya golpeada.
El dilema clásico, versión boliviana
Como resume Gonzalo Chávez, el país enfrenta el dilema de siempre: controlar la inflación a costa de más recesión, o tolerar una pérdida de poder adquisitivo para evitar que la economía se paralice. En un país informal, con empresas frágiles y bajo acceso al crédito, una política monetaria muy dura puede terminar siendo regresiva y poco efectiva.
Por eso, el ajuste no solo será económico, sino también político y social. Si no se logra compensar mejor a los sectores más vulnerables y coordinar bien la política fiscal, social y monetaria, hay un fuerte riesgo de inflación alta con recesión, una combinación que históricamente ha detonado conflictividad social en Bolivia.
En el fondo, como coinciden ambos economistas desde ángulos distintos, el país ya no podía seguir postergando el sinceramiento. Pero el éxito del ajuste dependerá de cómo se gestiona el impacto social, cómo reacciona la gente y si el Estado logra sostener el equilibrio entre estabilidad macroeconómica y gobernabilidad.
El ajuste ya empezó. Ahora viene la parte más difícil, que no termine pasando factura más fuerte a quienes menos margen tienen para resistirlo.