Claudia Montaño* | Pulso Empresarial
Después de que el aumento del 2% al Salario Mínimo Nacional para 2021 fue dispuesto a través del Decreto Supremo 4501, surgen las preguntas: ¿Cuán equitativa es la medida? ¿Serán mayores los beneficios que los costos?
En todo el globo, el año 2020 se ha experimentado una severa crisis económica. Con la caída del Producto Interno Bruto (PIB), todos los continentes reportaron tasas de crecimiento económico negativas. En el caso de Bolivia, la caída del – 11% no tiene precedentes y es, incluso, más pronunciada que en los momentos más difíciles que experimentó el país, por ejemplo, en el período de hiperinflación, cuando llegó al -6.5%, en 1982, o cuando cayó al -9.5%, el año 1954.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Bolivia ocupa el primer lugar en el ranking latinoamericano en porcentaje de trabajadores empleados en el sector informal con un 84.9% (2019). Esto ¿qué significa? Que el incremento salarial sólo beneficia al 15% de la población, que es la que tiene empleo en el sector formal.
La medida podría ser beneficiosa porque lo que se pretende es incrementar la demanda a través del consumo de los trabajadores. Pero con un sector informal tan grande, ese impulso a la demanda se reduce a un pequeño grupo y los efectos podrían ser más negativos que benéficos.
Una muestra del impacto negativo está en las cifras del sector industrial manufacturero, que en los últimos 20 años ha disminuido su participación en el PIB nacional y experimenta un gran riesgo. Su vulnerabilidad se ha visto acrecentada el año pasado por la paralización de las actividades, fruto de la pandemia por COVID-19.
En ese estado de situación, a un gran porcentaje de las empresas del sector les resulta muy difícil aplicar el incremento salarial. Lo aconsejable hubiera sido considerar el pedido clamoroso de los empresarios para enfrentar la reactivación económica con cero de incremento salarial con la garantía de mantener los empleos.
Con el incremento, es previsible, como ya lo anticipó el sector empresarial, que las unidades productivas se vean obligadas a cerrar con los consiguientes despidos. Así, bajará el número de personas que cuentan con los beneficios del empleo formal.
Muchas empresas, a causa de la pandemia, vieron reducidos sus niveles de liquidez y por tanto sus posibilidades de sostenibilidad, crecimiento y expansión. La única salida ante la iliquidez son los créditos, pero muchas no están en condiciones de contraerlos porque no tienen garantía de contar con ingresos futuros, más aún con la inminente llegada de la tercera ola de contagios de COVID-19 que seguirá impactando en la salud y en la economía de la población.
Con esas consideraciones, es evidente que la medida no es equitativa y es probable que los costos sean mayores que los beneficios.
*La autora es economista