El tercer estudio de la consultora internacional Euromonitor, encargado por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), que la industria cervecera es la más afectada por el mercado ilegal de bebidas alcohólicas en el país, puesto que el ingreso de contrabando de este producto representa el 50% del total y creció en 39% entre 2016 y 2019, con graves perjuicios para la producción y el empleo de mano de obra nacional, sin contar con las pérdidas por evasión impositiva.
Los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba son los distritos más afectados por el contrabando de cerveza, donde se observa con mayor nitidez la falta de control de instituciones estatales como la Aduana Nacional, las Fuerzas las Armadas (FFAA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
La debilidad de los controles de las instituciones del Estado agrava el fenómeno que tiene un alto impacto en la industria nacional, con la consecuente destrucción de miles de empleos.
La investigación incluyó el análisis de información oficial sobre el contrabando de alcohol ilegal, entrevistas a actores relevantes vinculados con esta problemática, visitas a mercados y centros de distribución y la medición del mercado del contrabando en Bolivia.
Con la validación de estos resultados, Euromonitor reveló que:
- El contrabando de cerveza ha crecido en Bolivia un 39% en los últimos tres años, entre 2016 y 2019, llegando a cifras nunca antes alcanzadas.
- El negocio de la cerveza ilegal pasó de 242.308 hectolitros a 337.283 hectolitros, una cifra que impacta directamente en la industria cervecera boliviana.
- El tamaño del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Bolivia representa el 15% del tamaño total del mercado de bebidas en el país, lo cual tiene un alto impacto en la salud de la población por la falta de controles sobre la calidad y el estado de esos productos.
- Cerveza brasileña y argentina, especialmente, han inundado el mercado boliviano, generando un impacto directo en la industria boliviana y en la capacidad de mantener el empleo de los bolivianos.
- Montañas de latas de cervezas Conti Brahma, Skol, Káiser, Itaipava (desde Brasil), Quilmes y Schneider (desde Argentina) se observan en los centros de abasto de las ciudades de Santa Cruz y las principales ciudades fronterizas.
- El contrabando tiene un impacto significativo en las arcas del Estado, ya que cada año se eluden – al menos – 118 millones de dólares por evasión de impuestos de parte de las organizaciones dedicadas al contrabando.
- Detrás de este flagelo actúan organizaciones delictivas que tienen amplios recursos para realizar sus actividades ilícitas en el país.
Acciones sugeridas
Con base en los resultados del estudio de Euromonitor, el gerente de Relaciones Institucionales y Legal de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Ibo Blazicevic, recomendó varias acciones de parte del Estado para fortalecer la lucha contra el contrabando. En un webinar realizado hoy para presentar el estudio, sugirió implementar un código de barras, un código QR y hologramas en los productos importados a Bolivia en lugar de los actuales timbres que son de fácil falsificación. Para ello, se debe modificar la norma de Impuestos Nacionales que lleve a modificar el timbre que representa el pago del Impuesto al Consumo Específico (ICE) por importaciones de bebidas y tabacos.
También destacó la necesidad de intensificar la lucha contra el contrabando como una prioridad nacional a través de acciones de interdicción con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio del Área, no solo en la frontera de Chile, sino también en la frontera con Brasil y Argentina.
Recordó que los gobiernos departamentales y municipales, especialmente, tienen un rol fundamental que cumplir en la regulación de los mercados internos como las ferias, venta en las calles, mercados populares y otros centros de abasto.
Por otra parte, expresó la necesidad de transparentar mensualmente la base de datos de la Aduana Nacional sobre importaciones de mercadería por empresas y productos, a fin de evitar el contrabando técnico mediante la subvaluación de productos. Esto requiere de una norma específica que regule este tramo del proceso.
Finalmente, remarcó la importancia de reformar la Ley 1053 sobre Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando, que castiga con cárcel solo cuando el valor del impuesto omitido es mayor a 200.000 UFV y, si es menor a ese monto, solo multa con el 50% del valor de la mercadería. Propone penar con cárcel cuando el impuesto evadido sea mayor a 50.000 UFV para que la norma sea realmente efectiva.