Catálogo electrónico registra productos nacionales para que accedan a contrataciones estatales

El ministro de Economía Marcelo Montenegro (C) en conferencia de prensa, en La Paz.

Redacción | Pulso Empresarial

Un catálogo electrónico denominado Compra Hecho en Bolivia fue puesto en vigencia este jueves para que los productores bolivianos, pequeños, medianos o grandes, registren su oferta y puedan acceder con más facilidad a contrataciones estatales.

Con ese objetivo, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4505 que reglamenta la Ley N° 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, con el objetivo de modernizar las compras estatales, incentivar la producción nacional y reducir los tiempos en la contratación de los productos, señala un boletín del Ministerio de Economía.

“Este Decreto Supremo es para que las entidades públicas deban adquirir productos nacionales registrados en un catálogo electrónico que hemos denominado Compra Hecho en Bolivia, (que) va a incluir bienes estandarizados e identificados como producción nacional”, declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa, en La Paz.

Este catálogo se integrará a la plataforma del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y los proveedores realizarán el registro los productos identificados como producción nacional, a través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, destacó esta medida y afirmó que las entidades públicas tendrán que consultar este catálogo para adquirir productos nacionales.

Recordó que, en 2019, las contrataciones públicas representaron para el Estado alrededor de 34.954 millones de bolivianos, de los cuales 7.374 millones fueron compra de bienes, por tanto, la medida apoyará la reactivación del aparato productivo.

Montenegro explicó que el beneficio para los productores será un ahorro de tiempo en la preparación de las propuestas, se tendrá una promoción permanente de los productos de origen nacional y se incrementan las posibilidades de ser proveedor al Estado.

Entre los beneficios para las entidades públicas está la reducción de los costos de transacción, se ahorra el tiempo en las adquisiciones, se incrementa la competitividad entre proveedores nacionales y se fortalece la transparencia y lucha contra la corrupción.

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