Redacción | Agencias
El contrabando y la subfacturación tienen en común el daño al Estado por los tributos que deja de percibir. La defraudación aduanera es un tipo de contrabando (técnico) en el que se presentan datos que no reflejan la realidad en precio, volumen o calidad de los productos importados, es por eso que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) propone seis medidas para frenarla, que fueron expuestas el jueves en el webinar denominado “Subfacturación ¿Cómo combatirla?”.
- Costos aduaneros uniformes a nivel producto, independientemente del mercado del cual son importados.
- Información estandarizada entre las distintas entidades nacionales que participan del comercio exterior. Por ejemplo, la Aduana Nacional o el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag).
- Incorporar conceptos de Big Data porque la información contenida en las bases de datos de la Aduana permitiría, con el tratamiento adecuado, construir rangos de precios que pueden servir como información complementaria a aquella contenida en las tablas de referencia coordinadas con el sector privado.
- En ese sentido se debe impulsar la cooperación entre la Aduana y el sector privado porque las empresas conocen el costo real de sus productos.
- Transparencia en la información.
- Crear incentivos impulsando la formalidad reduciendo los gravámenes arancelarios de productos o materias primas seleccionados.
“La subfacturación es un delito económico por ser una defraudación aduanera, de acuerdo con el Artículo 325 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 175 del Código Tributario”, señaló Ian Miranda, jefe de Representaciones Empresariales de Cainco.
La subfacturación consiste en presentar precios menores a los efectivamente pagados, con el objetivo de reducir el pago del gravamen arancelario. Para evitarla, la Aduana Nacional ajusta el precio de los productos en función a listas de precios referenciales.
Hugo Rodríguez, economista senior de la Cainco y ejecutivo del Centro Boliviano de Estudios Económicos (CEBEC), indicó que hay casos en los que la subestimación del precio de importación supera el 80% del precio real. Subrayó como necesaria y urgente la cooperación público-privada.