Redacción | Pulso Empresarial
Casi la mitad de las mujeres, en 57 países en desarrollo, enfrenta múltiples obstáculos para ejercer su derecho a la autonomía corporal; más allá del fuerte impacto individual para mujeres y niñas, esta falta de autonomía corporal tiene implicaciones para su entorno porque deprime su productividad económica, menoscaba sus habilidades y tiene costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud. Son los datos revelados por el informe del Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), que fue difundido hoy, virtualmente, desde Argentina.
La autonomía corporal de las mujeres tiene que ver con el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención de salud. Es la primera vez, desde el primer informe en 1978, que un informe de Naciones Unidas se enfoca en la autonomía corporal, que es el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por nosotros.
Los porcentajes varían notoriamente entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe y en el Este y Sudeste de Asia alrededor de un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos de un 40%.
“Una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida. Se beneficia no sólo desde el punto de vista de su autonomía, sino también a través de los avances en los ámbitos de la salud, educación, ingresos y seguridad. Tiene más probabilidades de prosperar y lo mismo sucederá con su familia”.
Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA.
En este informe, el UNFPA mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado en que la legislación en los países apoya o interfiere con el derecho de una mujer a tomar estas decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.
El informe muestra que en aquellos países en los que existen datos disponibles:
● Únicamente el 55% de las mujeres está totalmente empoderado para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.
● Únicamente el 71% de los países garantiza el acceso a servicios de maternidad integrales.
● Únicamente el 75% de los países garantiza legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
● Únicamente alrededor del 80% de los países tiene leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales.
● Únicamente alrededor del 56% de los países tiene leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.
● Veinte países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.
● Cuarenta y tres países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violación conyugal (la violación por parte de un cónyuge).
● Más de 30 países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
● Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual y las niñas son las que corren el riesgo más alto.
Soluciones
El informe muestra cómo los esfuerzos para hacer frente a los abusos pueden conducir a mayores vulneraciones de la autonomía corporal. Por ejemplo, para proceder judicialmente en un caso de violación, es probable que un sistema de justicia penal requiera que la sobreviviente sea sometida a la llamada prueba de virginidad, un procedimiento invasivo.
El reporte señala que para que las soluciones sean reales deben tomar en cuenta las necesidades y experiencias de las personas afectadas, también destaca la importancia del poder de decir que sí y del derecho a decir que no.