Redacción | Pulso Empresarial
El caso INDUESTE volvió a poner bajo la lupa no solo el manejo de recursos públicos en Bolivia, sino también el papel de la justicia en investigaciones de alto impacto económico. Esta vez, la advertencia vino desde YPFB Refinación S.A., que denunció que recientes resoluciones judiciales emitidas en Santa Cruz podrían frenar la investigación y dificultar la recuperación de más de Bs 1.000 millones comprometidos en contratos para la provisión de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel.
Todo comenzó en abril de 2024, durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS). En ese momento, el Directorio de YPFB Refinación modificó el Reglamento de Garantías para Procesos de Contratación. ¿Qué cambió? Básicamente, se flexibilizaron los requisitos para respaldar contratos y se abrió la puerta a pagos anticipados millonarios sin garantías suficientemente sólidas.
Con ese nuevo esquema, se firmaron dos contratos con Agroindustrial del Este —INDUESTE SRL— por más de Bs 1.000 millones para la provisión de aceite de soya, materia prima clave para la producción de biodiésel. El problema es que, según YPFB Refinación, la entrega efectiva del producto estuvo muy por debajo de lo acordado, generando un millonario perjuicio económico para el Estado.
La actual administración de la estatal decidió iniciar acciones legales en 2026 contra exfuncionarios y representantes de la empresa involucrada. Sin embargo, el proceso comenzó a complicarse rápidamente.
Uno de los puntos más cuestionados fue la decisión de la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz, quien aceptó una excepción de incompetencia presentada por INDUESTE. Según YPFB, la audiencia se realizó sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario de la refinadora, lo que habría afectado el derecho a la defensa.
Pero las observaciones no terminan ahí. La petrolera también señaló que la jueza registra 14 antecedentes disciplinarios y denuncias relacionadas con faltas leves, graves y gravísimas, además de presunto prevaricato, retardo de justicia y resoluciones contrarias a la Constitución. Estos antecedentes, aseguran, generan aún más dudas sobre la transparencia del proceso.
La polémica creció cuando la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia ratificó la decisión. La audiencia de apelación fue convocada apenas 72 horas después del fallo inicial y nuevamente sin notificar a YPFB Corporación, algo que desde la empresa consideran una situación de indefensión para el Estado.
Más allá del caso puntual, el conflicto volvió a encender el debate sobre la capacidad del sistema judicial boliviano para investigar hechos vinculados a corrupción y manejo de recursos públicos. También reactivó las preocupaciones sobre la protección del patrimonio estatal y la transparencia institucional.
“Estamos ante un caso que involucra más de mil millones de bolivianos de recursos públicos bajo condiciones que demandan una investigación rigurosa y transparente. La justicia debe garantizar el debido proceso y la defensa efectiva del patrimonio de todos los bolivianos”, afirmó Jorge Plaza, director de Auditoría Interna de YPFB Refinación S.A.